La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue forzada y es un crimen de Estado, finalmente así lo aceptó el gobierno de México el pasado 18 de agosto debido a la incansable lucha que mantienen los padres y las madres de los estudiantes, quienes desde el 2014 lo señalaron, pero aún no hay un avance significativo en las investigaciones. A ocho años de su desaparición, todavía no saben dónde están sus hijos, la mayoría de las órdenes de aprehensión no se han ejecutado, el duro y lento camino hacia la justicia contrasta con la fuerza y convicción de las 43 familias.
“Este gobierno tiene voluntad de seguir la línea de investigación, pero si hoy en día hacemos una comparación, creo que está haciendo lo mismo, ¿no? lo mismo pues del otro gobierno”, asegura Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, originario de Tixtla de Guerrero y uno de los normalistas que desaparecieron entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Este lunes 26, penúltimo día de la Jornada Nacional de Lucha ante la deuda de Justicia del Estado, habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México por el octavo aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes y mañana se realizará un acto político en Iguala, Guerrero.
La irrenunciable exigencia por la verdad y la justicia
Desde hace 2922 días, los padres y las madres de los jóvenes han denunciado las omisiones, las irregularidades, la indolencia y la revictimización que han ejercido servidores públicos de los tres niveles de gobierno en su contra. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, junto a las organizaciones que les acompañan y el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), se enfrentaron a la mal llamada “verdad histórica”, fabricada por distintos funcionarios, entre ellos Tomás Zerón De Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, de quien se espera su extradición de Israel a México.
Con la investigación independiente, el GIEI también dejó marcadas al menos cuatro líneas de investigación, dos de ellas apuntaron a la probable participación del Ejército mexicano en la desaparición, ya que elementos del 27° Batallón de Infantería estuvieron presentes en casi todos los lugares donde los estudiantes fueron atacados; militares operaron el C4, tomaron fotografías, videos y generaron documentos que fungen como pruebas; y varios teléfonos de los normalistas funcionaron durante la noche de Iguala. Una de las llamadas se ubicó en el Campo Militar N° 1 de la Ciudad de México y otra en el CISEN.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) fue creada por decreto presidencial el 4 de diciembre de 2018 y comenzó sus labores con las primeras reuniones desde el 23 de enero de 2019. En el último informe de la (CoVAJ), presentado el pasado mes de agosto, se recalcó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) permitió el acceso a 17 mil 60 archivos y la Semar a 272, donde se encontraron ciertas comunicaciones clave que desde octubre de 2021 ya se habían anunciado, y que la Guardia Nacional entregó 17 mil 20 audios y transcripciones.
En este último reporte se confirmaron algunas de las observaciones que hizo el GIEI: se acreditó la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más, así como el intento de homicidio contra el normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien desde el 2014 se encuentra en estado vegetativo tras haber recibido una bala en la cabeza por uno de los policías.
También se dio a conocer que la SEDENA utilizó el malware Pegasus en intervenciones de comunicación relacionadas con la desaparición forzada de los normalistas.
Estanislao Mendoza, padre del normalista desaparecido Miguel Ángel Mendoza Zacarías, sostiene que una gran parte de los resultados derivó del trabajo previo del GIEI y detalla que aún está en proceso la examinación de los audios de los teléfonos celulares de los involucrados, al tiempo que enuncia que hay complicidad entre autoridades y crimen organizado: “Aunque ellos dicen que fueron los de la maña, pero entre la maña y ellos son lo mismo, están coordinados ellos mismos. Por eso ahorita hasta el gobierno está cubriendo muchas cosas de altos funcionarios, para que no se sepa la verdad. Está difícil para llegar a la verdad, porque si los cubre pues nunca se va a saber”.
Por su parte, Clemente Rodríguez afirma que para llegar a esto han tenido que enfrentar muchos obstáculos porque desde los primeros momentos de la desaparición de Christian y sus 42 compañeros, el Ejército mexicano y la Marina, entre otras instituciones, han ocultado información clave:
“Y le hemos exigido más que nada que aporten más información porque falta mucho. Falta mucho. Hoy en día, no hay como un avance, donde el gobierno se comprometió. Pues en esta reunión que tuvimos, siempre le hemos exigido las detenciones. Bueno, si fue el Estado, ya ellos ya aceptaron, ¿no? Que participó de los tres niveles de gobierno. Queremos las detenciones del Ejército, incluso la Marina. Policías municipales de Huitzuco que no se han detenido, no las han ejecutado, pues andan libres ahorita, hoy en día. Se logró la detención de Murillo Karam y de otro personaje, pero no, no vemos más avances. Pero sabemos que existe más que nada la corrupción”, dice.
En este mismo sentido, Estanislao Mendoza reitera que “la Sedena y los militares son los que han estado deteniendo todas estas investigaciones por falta de más evidencias que tienen ellos escondidos, porque te imaginas durante estos años, que ahorita entregaron por tanta insistencia de nosotros los padres de familia lo que quisieron, maquillaron muchas cosas, ocultaron cosas más importantes, dieron lo que a ellos no les compromete mucho… han pasado muchos años y tuvieron tiempo de maquillar la información que ellos tenían, las reales las escondieron y dieron lo que no les compromete”.
Hace un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la SEDENA que existen 20 órdenes de detención contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 órdenes de aprehensión que se giraron hacia autoridades y civiles relacionadas con los hechos. De las 20 contra dichos elementos, sólo se han cumplimentado cuatro, una de estas es la del coronel José Rodríguez Pérez –quien era comandante del 27 Batallón de Infantería al momento de la desaparición de los estudiantes-, realizada el pasado 14 de septiembre.
Al respecto, Clemente Rodríguez refiere: “No fue que el gobierno lo haya detenido. O sea, él se entregó. Yo quiero entender que para ganar puntos a su favor. Sabemos que adentro de los cuarteles militares, pues hay abogados, hay licenciados. Y siempre hemos pedido, bueno, si hay detenciones, que sea juzgado como cualquier persona, que no sea encarcelado en un cuartel militar porque estando en un cuartel militar…. yo quiero pensar que va a tener muchos privilegios”.
En una conferencia de prensa realizada el 23 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señaló al juez Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, por haber emitido 121 resoluciones absolutorias de responsabilidad a las personas acusadas de haber perpetrado los hechos de la desaparición de los estudiantes, en 77 casos se dictó auto de formal libertad porque se acreditó que hubo tortura y los procesos fueron irregulares. Aseveró que el juez decidió esto “en lugar de restablecer el proceso, señalar y castigar a los torturadores, dictó el auto de libertad, incluso a algunos de los principales perpetradores de la desaparición de los muchachos, como sucedió posteriormente con una de las radioperadoras del C4 de Iguala, vinculada con los grupos delictivos, quien teniendo toda la información de los hechos ocurridos esa noche, el juez les ha dado la libertad”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que brinda acompañamiento a las familias de los 43 jóvenes desde hace años, se posicionó sobre esto en un comunicado publicado el 24 de septiembre: “No acompañamos la pretensión de denunciar penalmente a jueces por las recientes absoluciones. Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”.
Según una investigación de Gloria Leticia Díaz del semanario Proceso, por solicitud de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se emitieron contra funcionarios, 16 son elementos del Ejército mexicano por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia; entre ellos están el coronel Rafel Hernández Nieto, quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro; el exfiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Martín.
La cancelación de estas órdenes de aprehensión también resulta inquietante porque la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) quedó excluida de la decisión de la FGR.
«Mientras no me den pruebas de que mi hijo está muerto, yo lo sigo buscando»
Frente a las conclusiones preliminares de la CoVAJ sobre que no hay algún indicio de que los jóvenes se encuentren con vida, está la firme postura de las familias y sus defensores sobre que tampoco se ha demostrado científicamente que estén sin vida.
Para Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava, como para sus compañeras y compañeros, no basta con las declaraciones, necesitan tener pruebas contundentes y que sean revisadas exhaustivamente. “Pues no hay indicio de que estén vivos, pero tampoco de que estén muertos, porque a nosotros no nos han dado pruebas. Cuando a mí me den las pruebas de mi hijo, ‘sabe qué doña Blanca, aquí están las pruebas de su hijo que está muerto’, entonces pues yo como le digo, lo voy a aceptar con dolor de mi corazón. Pero mientras ellos no me den pruebas a mí de que mi hijo está muerto, yo lo sigo esperando con vida y así lo estoy esperando pues y así lo sigo buscando”. Sin embargo, cuenta que el GIEI no ha podido acceder a los archivos de los que habla la CoVAJ para analizar los peritajes correspondientes, pues sólo les dan largas con la fecha para ir a hacer las revisiones de todo lo recabado
A su lado se encuentra Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, quien asiente y coincide con su compañera al enfatizar que en tanto no haya pruebas científicas y técnicas, “vamos a seguir luchando hasta encontrarlos y saber la verdad, porque pues no nos podemos ir sin saber la verdad”.
El ejército mexicano, impune y con cada vez más poder
Las familias de Ayotzinapa desconfían del Ejército y la Marina, así como de otras corporaciones, por la sabida participación que tuvieron en la desaparición de los normalistas. Hablan de la complacencia que existe del Estado hacia estas instituciones; su rabia hacia estas figuras responde también a la histórica criminalización y represión que existe en contra de las normales rurales, y a la memoria que guarda consigo los crímenes que han cometido las Fuerzas Armadas desde hace al menos 60 años.
Existen momentos y casos emblemáticos: el movimiento estudiantil del 68 y la Guerra Sucia; la llamada “guerra contra las drogas”, iniciada por el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, Tlatlaya y la noche de Iguala en 2014, entre otros.
Desde hace ocho años, los padres y madres han recalcado la falta de investigación, la dilación para que se inicien procesos penales (judicialización) y se ejecuten las órdenes de detención contra los militares involucrados en la desaparición, lo que forma parte de la misma obstrucción sistemática de información que caracteriza a la SEDENA.
En este sentido, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió un informe después de su visita a México en noviembre de 2021, en el que mostró su preocupación por las prácticas que suelen retardar las investigaciones y obstaculizar la judicialización. Advirtió que hay un excesivo formalismo y se admiten amparos “presentados de forma abusiva para impedir la adopción de medidas contra los perpetradores que obstaculizan la justicia”, al igual que alertó que hay otras prácticas, como la diversidad de criterios de interpretación de la norma constitucional para determinar la competencia de los tribunales encargados de llevar dichos procesos, que los vuelven más lentos y obstruyen el acceso a la justicia en casi todos los casos, “incluso para los casos paradigmáticos como el de Ayotzinapa”.
De los cuarteles a las calles: el largo camino de la militarización
A pesar de los señalamientos en contra de los elementos castrenses por su participación en el caso Iguala, la militarización ha crecido en México, pero esto no es algo nuevo y el crimen de Estado contra los estudiantes tampoco. De diciembre de 2006 a septiembre de 2007, con el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en promedio se desplegaron 45 mil 723 elementos de la SEDENA anualmente, en tanto que en la administración de Enrique Peña Nieto hubo un promedio de 52 mil efectivos militares en las calles.
En el año de la desaparición forzada de los normalistas rurales, se reportó un promedio de 93 mil 580 soldados desplegados a nivel nacional.
En octubre de 2020 –con Andrés Manuel López Obrador ya como titular del Ejecutivo- hubo 181 mil 286 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país. Según Animal Político, en la actualidad hay 80 mil elementos del Ejército desplegados en todo el territorio nacional para realizar tareas de seguridad pública junto con 79 mil 126 efectivos de las fuerzas armadas que forman parte de la Guardia Nacional.
El Monitor de la Fuerza Letal (MFL), un proyecto que busca sumar esfuerzos de investigadores de ocho países de Latinoamérica para medir, analizar y comparar el uso y abuso de la fuerza letal por parte del Estado, resaltó que existen problemas en materia de transparencia, rendición de cuentas y calidad de datos.
En su más reciente informe, el MFL señaló que a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto “había sido casi imposible estudiar el uso de la fuerza letal y construir indicadores para la SEDENA, a partir de fuentes oficiales, debido a la negativa de la institución de hacer pública la información sobre civiles muertos de 2014 hasta 2019”.
La letalidad del Ejército no ha disminuido en el gobierno actual, pues con base en un análisis que realizo el Monitor con datos oficiales y de prensa, concluyó que el índice aumentó en el 2019 y el 2020 en comparación con el 2018.
El abuso de la fuerza letal o no letal no es exclusivo del Ejército: la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI también ha documentado las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de policías, sobre todo al momento de la detención. En 2021, de las 57 mil 230 personas encuestadas que fueron arrestadas por alguna de las corporaciones encargadas de la seguridad pública, el 72 % dijo haber sufrido tortura o maltrato durante la detención; el 30 % fue desvestida, el 26.5 % no podía respirar por asfixia, ahorcamiento, sofocamiento o porque le metieron la cabeza en agua. El 46 % afirmó haber sufrido agresiones físicas como patadas, puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas.
En el caso de las mujeres detenidas, son muy comunes los abusos sexuales y si las detenciones las realizan las Fuerzas Armadas, los riesgos de sufrir algún tipo de abuso son mayores.
Estas cifras y la situación que viven las familias de Ayotzinapa posibilitan un ejercicio de memoria para dimensionar los riesgos latentes ante la aprobación de las reformas que amplían el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Estanislao, Macedonia, Blanca Luz y Clemente consideran que con la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, la violencia no disminuirá, y por el contrario, la presencia de militares y de la Guardia Nacional en las calles sólo es para desaparecer, intimidar y reprimir a la gente, lo que saben por experiencia propia al acudir a las protestas en demanda de la localización de sus hijos.
El Comité enfatizó que entre el 2007 y el 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) emitió 162 recomendaciones a la SEDENA y la Secretaría de Marina (Semar) por violaciones graves a los derechos humanos, 15 están vinculadas a desapariciones forzadas.
En 2021, la SEDENA y la Guardia Nacional se ubicaron entre las 10 autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, así como la SEDENA y la Semar se encontraron entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite.
Dicho Comité encontró que hay una alarmante tendencia al incremento de desapariciones forzadas, incentivado por la impunidad casi absoluta y estructural que hay en estos casos: sólo entre el 2 y el 3 % de los casos de desaparición han resultado en procesos penales, sólo se dictaron 36 condenas en casos a nivel nacional hasta noviembre del año pasado. De ahí que este órgano exhortó a “acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana” y a que se abandone el enfoque militarizado de seguridad pública.
Surcar la tierra de la impunidad, por los 43 y más de 100 mil
La lucha de las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa evidenció la magnitud del problema de las desapariciones en México y al mismo tiempo ha alentado a otras familias a levantar su voz y buscar a sus seres queridos, que por un comprensible y profundo miedo no habían podido siquiera levantar una denuncia.
Luego de la desaparición de los 43 jóvenes, en noviembre de 2014 nació el colectivo “Los otros desaparecidos de Iguala”, conformado por familiares de aproximadamente 160 personas desaparecidas que decidieron hacer públicos sus casos en la ciudad sureña. Al día de hoy no dejan de llegar personas al grupo para pedir apoyo a fin de encontrar a sus familiares, realizan búsquedas conjuntas en hospitales, penales, Semefos y en las corporaciones policiacas del estado, y hasta noviembre de 2016 se tenía noticia de que lograron localizar y recuperar los cuerpos sin vida de 18 personas.
El estado de Guerrero es uno de los más afectados por la violencia desde la “Guerra Sucia” y la llamada guerra contra las drogas. De 1990 a 2014, la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero investigó 90 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, de estas dos tercios se originaron después de 2006, aunque no hay ninguna persona acusada penalmente por este delito.
Hasta el 25 de septiembre de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó 105 mil 879 personas desaparecidas a nivel nacional, 3 mil 867 pertenecen al estado de Guerrero.
De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), un órgano desconcentrado de la FGR, de las desapariciones reportadas entre el año 2006 y 2017, el 2014 se ubica en el segundo lugar con la mayor tasa anual de este tipo de delito con 13 mil 982 casos.
En el informe de la CoVAJ se comunicó que, durante las búsquedas en la entidad, 245 cuerpos fueron rescatados de las fosas clandestinas “por instituciones y colectivos de familias buscadoras de la ciudad de Iguala y otros municipios que se ubicaron en 13 puntos de la entidad, de los cuales 11 se localizaron en el perímetro de la ciudad de Iguala”. De estos, 30 fueron identificados y 16 ya se entregaron a sus familiares. Los resultados no coincidieron con el perfil genético de los estudiantes, pero la búsqueda por los normalistas ayudó a que 16 familias obtuvieran un poco de certidumbre, aunque ello no signifique verdad y justicia, y mucho menos que el dolor se vuelve menor.
Durante estos años, los padres y las madres de los normalistas rurales se han encontrado con otras familias buscadoras. Sólo ellas y ellos pueden entenderles porque conocen el dolor en primera persona al no saber dónde está un ser amado, ya sea porque fue desaparecido de manera forzada o por particulares.
Blanca Luz relata que antes del 26 de septiembre de 2014 sólo sabía de las desapariciones por las noticias que veía en la televisión y ahora conoce más personas que atraviesan la misma injusticia que ella. Cuando escucha sus testimonios reafirma lo duro y doloroso que es. Su vida cambió totalmente desde que no ha vuelto a ver a su hijo Jorge, dice que le quitaron la alegría de vivir.
“Es muy triste todo esto es lo que le pasa a una madre cuando te desaparecen un hijo, porque o sea cuando lo matan, bueno, lo ves, lloras y le dices lo que quieres a tu hijo, lo viste, pero así, o sea no saber si están vivos y muertos y si le dan de comer o qué pasó con él. Y eso es una tortura para uno. O sea, el gobierno nos está matando poco a poco, tanto psicológicamente como moralmente, y eso yo no se lo desearía ni a una persona la verdad. Es muy feo, la verdad, es muy doloroso estar pasando tanto sufrimiento”, expresa.
Mientras la escucha, Macedonia asiente con la cabeza y su semblante cambia, para enseguida asegurar: “yo también no sabía nada de eso, pues yo también digo nomás escuchaba en la tele un ratito, pues porque yo siempre he sido padre y madre para mis hijos, estoy sola y con mis hijos, pues yo los saco adelante y también yo llego de ir a vender o así y ya estaba yo bien cansada, yo solamente veía (en) la noche la tele, no tenía yo tiempo de ver la tele”.
Hoy también le envían un mensaje a otras madres y padres que buscan a sus hijos e hijas:
Ser normalista rural, entre la criminalización y la resistencia
Las Normales Rurales surgieron a inicios del Siglo XX para hacer posible que la educación se comparta en las comunidades rurales más alejadas de las ciudades. Actualmente, sobreviven 15 escuelas normales rurales, una escuela normal indígena y un centro regional de educación normal. Los cinco ejes del normalismo rural son: productivo, académico, deportivo, cultural y político.
Pero su función va más allá de eso, tienen un papel fundamental en la construcción social de esas comunidades de las que las y los estudiantes son parte. Son también una alternativa laboral frente al desempleo, la precariedad y la falta de oportunidades que existen para jóvenes campesinos o bien de familias campesinas, racializados y empobrecidos, que ante los ojos del Estado representan “una amenaza” por la potencia de su pensamiento crítico, mismo que se forma dentro de las aulas, lo que conlleva distintos análisis de las realidades que viven, y que apuesta por la transformación de la sociedad.
A lo largo de su historia, las y los normalistas rurales han afrontado la violencia ejercida por los gobiernos locales y estatales, la reducción de presupuesto y matrícula con el objetivo de desarticular su organización.
Además de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, entre las recientes agresiones que han vivido los normalistas está la detención de 62 personas durante protestas de las normales rurales Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Carmen Serdán de Teteles, Puebla, en mayo de 2021. Asimismo, el 28 de abril de 2020 policías municipales dispararon contra el alumnado en Caltzontzin, Michoacán, donde tres de ellos resultaron heridos.
Hace menos de una semana, en la madrugada del 22 de septiembre y en pleno sismo, la policía de la CDMX desalojó el plantón de las alumnas de la Normal Rural de Teteles, que se encontraba en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes con la finalidad de denunciar el “acoso y hostigamiento” de los directivos de la institución, la amenaza de la privatización del plantel y en exigencia de la destitución del director, Antonio García Ordóñez; la subdirectora académica y el subdirector administrativo, entre otros.
Entre tanto, a los dos días de estos hechos, Alejandro Encinas hizo una declaración sobre la manifestación en la que participaron normalistas afuera de la FGR como parte de la jornada de actividades por el octavo aniversario del caso Iguala: “Quiero deslindar claramente la presencia y la actividad de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa, de quienes realizan estos actos. La mejor evidencia es la del día de ayer, donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la Fiscalía General de la República, fue cuando un pequeño grupo realizó los actos vandálicos. Como también creemos que debe actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel, donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomás Zerón y se agrede a una representación democráticamente que ha venido coadyuvando favorablemente para que esto suceda”.
Este tipo de declaraciones, emitidas como postura oficial sin el consentimiento de las madres y los padres de los 43, forman parte de la narrativa del Estado que criminaliza a los normalistas y desdibuja la forma en la que se han entretejido los afectos, los cuidados y las luchas tanto de los estudiantes como de las familias buscadoras de Ayotzinapa que durante estos ocho años se han acompañado entre sí.
Cuando las y los normalistas realizan lo que en los movimientos sociales se conoce como “acciones directas”, sobre ellas y ellos hay una mirada inquisidora porque las declaraciones de las autoridades y las imágenes de algunos medios de comunicación que tienen mayor atención son sobre las pintas en las paredes de instituciones o la toma de autobuses para asistir a alguna protesta, pero no sus peticiones por la aparición de sus compañeros y la demanda de mejores condiciones, es decir, se ve el dedo de los normalistas y no lo que señalan.
En palabras de Estanislao, el estigma que hay contra las Normales Rurales “no ha parado porque ha habido este golpeado de las normales y no nada más aquí en la normal de Ayotzinapa, Tiripetío, Chiapas y otros lugares pues que ha sido lo mismo después que pasó todo esto, siguen. Siguen con lo mismo, pues sí, y esto no para. No, no sabemos qué vaya a pasar después con las normales”.
“Hemos tenido marchas allá en Guerrero con normalistas y hemos sido, como vuelvo a repetir, hemos sido como intimidados. O sea, no nomás aquí en Guerrero, en otras escuelas normales rurales, o sea la misma policía golpea pues a los estudiantes. O sea, no ha cambiado mucho, a pesar de que esta 4ª transformación prometió muchas promesas, que ‘abrazos y no balazos’ y todo ha sido lo contrario”, manifiesta Clemente, quien siempre recuerda que su hijo Christian también es normalista.
Narra que, en cambio, no se habla de la solidaridad de los normalistas hacia sus comunidades, recuerda la manera en que ayudaron a las personas damnificadas por las inundaciones en 2013, 2017 y hace apenas algunos días.
