Braulio Bacilio Caballero desapareció el 28 de septiembre de 2016 a los 13 años de edad en un paradero del Metro Pantitlán, uno de los más concurridos de la capital. Su mamá, Fernanda Caballero, fue la última persona en verlo. Su versión, repetida una y mil veces a las autoridades, explica que Braulio llegó al puesto de comida que atendía la familia en el paradero pasadas las cinco de la tarde. Acto seguido, la llegada de un cliente interrumpió la conversación casual entre ambos y al levantar la vista, Braulio había desaparecido.
Al día siguiente sin noticias sobre su hijo, Fernanda y Miguel, su esposo, denunciaron la ausencia de Braulio en el Ministerio Público. A cambio, recibieron la negativa del extinto Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) para iniciar una búsqueda. Tampoco se activó la Alerta Ámber, el sistema que notifica la desaparición de un menor de edad en las primeras horas del hecho y difunde masivamente información clave para su localización.
La carpeta de investigación estuvo archivada por más de un año. Ante la incapacidad del Estado para iniciar una investigación y búsqueda en forma, la familia se unió a Hasta Encontrarles CDMX, el primer colectivo de familiares de personas desaparecidas en Ciudad de México. Desde el acompañamiento, Fernanda y Miguel evidenciaron la espiral de errores y omisiones de las autoridades y exigieron la localización con vida de su hijo.
Pese a toda la información que la familia proporcionaba a las autoridades los avances en el caso se limitaban a la hipótesis de que Braulio no había desaparecido, sino que se trataba de una ausencia voluntaria y que se encontraba en situación de calle, incluso las autoridades culparon y responsabilizaron a la familia.
Tal fue el inicio de una búsqueda incansable que se prolongó durante cinco años y medio, un vía crucis caracterizado por los errores y omisiones de las autoridades responsables de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en Ciudad de México, que culminó con un fenómeno que agrava aún más el panorama de la crisis humanitaria en el país: la desaparición administrativa de Braulio.
El hallazgo de Braulio
La búsqueda de Braulio dio un giro radical la tarde del 11 de abril de 2022, cuando Fernanda y Miguel recibieron un llamado urgente de la Fiscalía para darles a conocer noticias relacionadas con la desaparición de su hijo. Sin mayor explicación, les informaron que Braulio murió atropellado el mismo día que desapareció, la tarde del 28 de septiembre de 2016. En estado crítico, el menor fue trasladado al Hospital Balbuena, donde según el reporte oficial, llegó aún con vida. No obstante, la gravedad de las lesiones le costó la muerte unas horas después.
Su ingreso al hospital marcó el inicio de una serie de errores burocráticos que desembocaron en su desaparición administrativa. El menor fue descrito erróneamente como un hombre no identificado de veinte años, una negligencia que, aunada a la negativa del extinto Centro de Apoyo para Personas Extraviadas (CAPEA) para emitir un reporte de búsqueda que permitiera cotejar la denuncia con las personas no identificadas en hospitales y centros forenses, zanjó toda posibilidad de identificar a Braulio. La desaparición administrativa estaba en marcha.
Mitzi Robles, integrante de Hasta Encontrarles CDMX, explica que la localización de Braulio no se trató de un hecho fortuito, sino que fue producto de las exigencias del Colectivo, quienes a lo largo del último lustro han forzado reuniones con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Fiscal General de Ciudad de México, Ernestina Godoy, para obligar a las instancias encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas a hacer su trabajo de acuerdo a la Ley.
“Las autoridades no dieron ninguna explicación concreta de cómo se llegó finalmente a la localización, que se da después de que el Colectivo solicita que una parte de la búsqueda forense se realice desde la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, de tal manera que se empezaran a hacer revisiones exhaustivas de los archivos en el INCIFO. Creemos firmemente que la localización de Braulio se da por la presión que ejerce el Colectivo y los señalamientos específicos de las acciones y necesidades que se requieren por parte de quienes están encargados de llevar la investigación”, asegura.
A diferencia de la desaparición forzada o la desaparición por particulares, la desaparición administrativa no es cometida por una persona o por un agente estatal. Se caracteriza porque a las personas se les arrebata su identidad, perdida entre los expedientes y archivos por negligencias de los servidores públicos. En este caso, quienes tenían la obligación de buscar a la familia de Braulio y realizar una investigación eficiente para dar con su paradero.
“Un papel mal hecho, un mal registro, devino en una desaparición. Braulio estuvo desaparecido en una fosa común durante seis años con una identidad que no era la de él”, señala Mitzi Robles, quien acompaña a la familia desde hace al menos cuatro años.
La crisis forense en la Ciudad de México
Mientras Miguel y Fernanda buscaban desesperados a su hijo en las calles y alrededores donde desapareció, Braulio permaneció durante un año como Persona No Identificada en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), quien confirmó el registro del Hospital Balbuena pese a ser erróneo luego de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de enviar el cuerpo a una fosa común.
Las malas prácticas en el registro de personas no identificadas en instituciones forenses agravan el problema. En el año de la desaparición de Braulio, el INCIFO recibió 5,000 cuerpos, de los cuales 318 estaban en calidad de no identificados.
Aunque el INCIFO contaba desde 2019 con las muestras genéticas de la familia, al no haber procesado la información genética de Braulio fue imposible la confronta, evidenciando otro problema de las instituciones forenses: no tienen la capacidad ni los recursos para procesar toda la información de ADN.
Pese a que el colectivo Hasta Encontrarles CDMX exige la búsqueda con vida de sus familiares, es un ejercicio necesario asistir a la revisión de información y registros del INCIFO. No obstante, como Mitzi Robles señala, el caso de Braulio aumenta aún más la desconfianza en las autoridades
¿Cuántos de los casos del colectivo pueden estar así? Se exacerbó la desconfianza en la manera en cómo se procesan los casos de personas no identificadas y se confirmó que las búsquedas no son exhaustivas, ni en vida, ni forenses. Es un proceso doloroso que ha significado pensar que muchas de las personas que se buscan en Ciudad de México pueden estar en esa condición; y de impotencia… ¿cómo esclarecer el trabajo que realizan en INCIFO, cuando son instituciones super herméticas? No sabemos cuántas personas exactamente hay en INCIFO como no identificadas, ni qué calidad tienen sus registros».
En la Ciudad de México existen 4 mil 119 personas desaparecidas y no localizadas (Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas). De acuerdo con el Informe La Crisis Forense en México elaborado por el Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, hasta el año 2021 la capital era el segundo estado a nivel nacional en restos sin identificar: al menos 6,701 personas fallecidas no se encontraban identificadas, una de ellas era Braulio Bacilio Caballero.
Braulio volvió a casa
Después de casi seis años de búsqueda, desgaste físico y emocional, la familia de Braulio pudo reencontrarse con él y recibirlo en el hogar donde creció. Su cuerpo fue entregado cinco meses después de su localización, el 29 de agosto de 2022.
“Por fin lo pude ver, lo pude tocar, le leí una carta y por fin mi corazón que estaba apachurrado pudo soltarse, sentí cómo le hizo. Le puede poner sus dulces preferidos, su peluches de Mucha Lucha y su ropita que con tanto esfuerzo él solito se compró… también le dejé una foto de la familia para que nunca se olvide de nosotros”, explicó Fernanda, mamá de Braulio, tras recibir los restos de su hijo.
Para la familia Bacilio Caballero, la búsqueda de Braulio concluyó, no así la exigencia de justicia. Miguel Bacilio coincide en que buscan que las autoridades no solo acepten sus errores, sino que los culpables de la desaparición administrativa de su hijo paguen por no realizar bien su trabajo. Además, exigen una reparación del daño y aseguran que continuarán en la lucha por la memoria y apoyando al colectivo Hasta Encontrarles CDMX.
El caso de Braulio es paradigmático porque representa el vínculo entre la desaparición y la crisis forense: un niño que no fue identificado, privado de su identidad y convertido en una persona desaparecida. También evidencia que el acceso a una investigación y búsqueda digna está definido por lo que Mitzi llama “una dinámica sistemática de discriminación hacia personas que son pobres, que viven en zonas marginadas y que no tienen recursos necesarios para enfrentarse a un proceso de búsqueda… ¿Por qué solo volteamos a ver el caso cuando se vuelve mediático, si la historia de Braulio estuvo desde 2018 en los medios de comunicación?”.
